Mediación y procesos alternativos de resolución de conflictos.

Se acaba de conocer el primer documento del Consejo General del Poder Judicial sobre medidas organizativas y procesales para el plan de choque de la Justicia tras el Estado de Alarma, por la pandemia del COVID-19.

Entre el paquete de propuestas, se establece un bloque de medidas tendentes a la implantación de procesos alternativos de resolución de conflictos, donde tiene una amplia cabida la mediación, sobre todo en el ámbito familiar.

Es el momento de que la mediación y la coordinación parental, se instalen como herramientas necesarias no solo para la Administración de Justicia sino para toda la sociedad en general.

La Administración de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, con estas medidas de choque, son conscientes del alto impacto que va a generar esta situación de pandemia: en el ámbito de la familia, con modificaciones de medidas por reducción de salarios o pérdidas del trabajo, que ya están afectando a las relaciones económicas existentes entre los cónyuges. Esto tiene una consecuencia inmediata en la Administración de Justicia, que experimentará cambios en los regímenes de visitas y trámites urgentes e incidentales por la paralización de los procesos judiciales, todos ellos procesos de especialidad sensibilidad y dónde órganos judiciales especializados, por lo general, se encuentran ya sobrecargados.

Esta situación hace ahora más necesaria y urgente la implementación de la mediación, no solo para evitar el colapso exponencial de la Administración en todas estas materias, sino porque el sistema judicial, por este volumen de demandas y requerimientos, cuando se regrese a la normalidad, puede ver cómo las respuestas judiciales a los problemas de las familias no van a contar con la dedicación, tiempo y recursos que se necesitan para dar una respuesta rápida y efectiva a las mismas.

El sentimiento de incertidumbre y confusión que estamos viviendo hace que todos, jueces, magistrados, abogados, es decir todos los operadores jurídicos, y también nosotros los mediadores profesionales, debidamente capacitados y con un marco legal que nos ampara ampliamente, estemos preparados y dispuestos a gestionar, ayudar, acompañar y solucionar este tipo de conflictos.

Asimismo, en este nuevo paquete de medidas, la Administración de Justicia se interesa  en el establecimiento de la exigencia como requisito de admisibilidad de la demanda en procedimientos de separación y divorcio, en caso de haber hijos menores, un documento sobre la regulación del ejercicio futuro de las responsabilidades parentales y, en caso de solicitud de medidas de carácter patrimonial, la aportación de información económica y patrimonial, y de gastos de hijos menores o mayores no emancipados. Esto es precisamente lo que los mediadores y coordinadores venimos trabajando desde hace años, los conocidos como “planes de parentalidad”. Y como sabemos los que trabajamos y desarrollamos esta herramienta, es necesario la intervención de un profesional especializado, con habilidades y competencias en materia de familia y técnicas mediadoras, aunque dicho plan solo sea a instancia de parte, como es el caso que propone en esta nueva medida la Administración de Justicia.

Para acabar, un dato importante: 58.988 asuntos de familia entraron en los Juzgados de nuestro país en el año 2019, lo que supone un 118% de sobrecarga judicial.

Carmen Capilla, Licenciada en Derecho, experta en Mediación familiar, civil y mercantil, miembro del Equipo Alquimia del Talento.

No todas las personas disponen de las herramientas necesarias para gestionar positivamente esta situación. Si quieres contactar con nuestra alquimista, está a tu disposición en el Canal solidario. Haz clic en el hashtag y cuéntale.

#ContigoDesdeCasa

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